Trece ocupaciones de bienes, en las últimas dos semanas, aunque no representan una cifra significativa, refieren el esfuerzo para restablecer el orden en el Hospital General Docente Roberto Rodríguez, del municipio de Morón, donde la pandemia de COVID-19 revela males acumulados.
La identificación de hechos asociados al desfalco de jeringuillas, guantes, apósitos, torundas, medicamentos, productos para la limpieza y desinfección, alimentos y medios de protección, aunque constituyen una respuesta y pudieran desencadenar severas sanciones administrativas y penales, no representan un triunfo, al considerarse la incapacidad para prever y actuar sin necesidad de impulsos, y la insuficiente atención al llamado de orden, disciplina, exigencia y control.
Desde su esencia, esas cuatro palabras que también salvan, enuncian cuánto se dejó de hacer y el espacio cedido a la impunidad, raíz del mal que ha adjudicado despreciables calificativos a una institución hospitalaria y causado perjuicios económicos y humanos que tal vez nunca podamos calcular, ni siquiera imaginar.
En la “zafra” de este “central”, que muele todo el año, durante las 24 horas, la ineficiencia tiene un costo invaluable porque “procesa” seres humanos que apuestan, junto a sus familiares, al sistema de salud pública cubano, reconocido en la Isla y allende los mares. ¿Cómo juzgar, entonces, a quienes ponen en riesgo la vida de sus semejantes y la confiabilidad de un centro de asistencia médica? ¿Cómo calificar a quienes tenían la obligación de prevenir y no lo hicieron, cediendo espacio a los malhechores?